El Gobierno presenta medidas para abaratar la factura de la luz de las familias y las empresas

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que el futuro fondo asumirá la parte de los costes fijos asociados al recibo de la luz, el denominado RECORE, es decir, el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos. En la actualidad, este coste lo abonan los consumidores particulares y las empresas.

Consumidores electrointensivos

El Gobierno ha aprobado mediante un Real Decreto el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria.

Montero ha señalado que la medida beneficiará a 612 empresas, de más de 60 actividades industriales y a unos 330.000 trabajadores. Junto a las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y al Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, el estatuto supondrá un apoyo permanente para esta industria.

El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de la eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes. Igualmente, las compañías tendrán que comprometerse a mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años a partir de la fecha de concesión. El Ministerio de Industria certificará la condición de consumidor electrointensivo a instancia de la empresa interesada.

La ministra ha afirmado que “a medida que se incorporen al sistema eléctrico las nuevas plantas renovables, bajará el precio de la luz en España y se equiparará al resto de países europeos”.

Fuente: La Moncloa

Fotografia: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

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El Congreso dice sí al real decreto ley “clave” de las energías renovables

Este real decreto-ley recoge una batería de medidas que tienen por objetivo impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.

Entre otras cuestiones, la norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, introduce un nuevo modelo de subasta de energías renovables, avanza en la definición de las nuevas normas de acceso y conexión a red y fomenta la eficiencia energética. En definitiva, sienta las bases de lo que ha de ser la transición energética 2020-2030 de España.

El Congreso, reunido en Pleno, ha convalidado con 188 votos favorables, 1 voto en contra y 158 abstenciones el Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. La abstención de PP y Ciudadanos no ha servido para demorar el periplo legislativo de esta iniciativa.

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Les empreses tenim una oportunitat de reduir el cost energètic mitjançant l’autoconsum d’energia fotovoltaica.

Publicat el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre

El text d’aquest decret llei, que haurà de ser validat pel Parlament en els propers 30 dies, elimina barreres administratives per a la implantació d’energies eòlica i fotovoltaica, i soluciona diversos aspectes de la Llei del canvi climàtic, com ara modificar la Llei d’urbanisme per simplificar la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit urbà. Una modificació que es fa amb la voluntat d’afavorir la implantació de sistemes d’autoproducció en els edificis i en l’espai públic de les ciutats. Així doncs, el decret obre el territori a la implantació de les renovables. Tanmateix, els projectes eòlics i fotovoltaics hauran de respectar els límits mediambientals, urbanístics i paisatgístics contemplats en la normativa. El nou decret ha de permetre també agilitzar la tramitació de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, amb un termini màxim de tretze mesos.

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